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Colombia
El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC
Contra de los campesinos pobres y los proletarios de las ciudades y el campo
En la convocatoria al plebiscito en Colombia, para pronunciarse a favor o en contra del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, la burguesía, sus medios de comunicación y sus partidos (incluidos los que se autodenominan de izquierda) se dividió entre los que apoyaban el SI y los que se inclinaban por el NO. Ambos frentes burgueses plantean que su propósito es asegurar calidad de vida y paz para las generaciones futuras de colombianos. Mientras unos rechazan la impunidad a los guerrilleros pacificados, otros se quejan de la impunidad a los paramilitares y a los políticos que los apoyaron. Unos cuestionan los vínculos de la guerrilla con el narcotráfico y otros hacen la misma acusación a los paramilitares y a los políticos asociados a estos grupos, dentro de los que destaca el ex-presidente de Colombia Alvaro Uribe Vélez, quien fue uno de los principales promotores del “NO” al acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y las FARC (también conocidas como FARC-EP) tras casi cuatro años de negociaciones en La Habana, argumentando que traerá “impunidad a los guerrilleros”.
Realmente los diferentes frentes guerrilleros en Colombia, entre los cuales las FARC son la guerrilla más grande y antigua, tienen más de 30 años intentando negociar un acuerdo de paz con el gobierno y sumarse a la actividad política legal y parlamentaria.
Ambos frentes burgueses mantienen silencio ante la continuidad de la concentración de las tierras en manos de los terratenientes y las exigencias de los campesinos pobres y medianos. Y también mantienen silencio ante el proceso de sobre-explotación de la clase obrera de la ciudad y el campo.
Pero ambos frentes burgueses guardan silencio sobre los efectos de 50 años de guerra civil en contra de los campesinos pobres, que causaron 8 millones de muertos, y que los echaron de sus tierras por el terror para concentrarlas en manos de los terratenientes. Una expulsión forzada masiva de campesinos, proletarizados y puestos a disposición de la sobreexplotación de los trabajadores en los campos y las fábricas.
La guerra entre gobierno, paramilitares, narcotraficantes y la guerrilla de las FARC y el ELN y en otros momentos también las guerrillas ya desaparecidas del M19 y el EPL, tomó en los últimos 35 años también la forma de una lucha por cuotas de mercado en el negocio de la droga. Y en esta disputa por cuotas de un mercado tan rentable también participó EEUU y su DEA. Esta guerra ha permitido también al Estado Burgués colombiano fortalecer su aparato jurídico y su complejo represivo policial-militar para enfrentar las luchas de la clase obrera.
Luego de 50 años de guerra estas fuerzas beligerantes demuestran su carácter burgués al unirse en un acuerdo de paz; y unen sus fuerzas y sus discursos para frenar las luchas reivindicativas planteadas por los trabajadores asalariados.
El 2 de octubre de 2016 se realizó el plebiscito en el que se convocó a la población a votar por el SI o por el NO al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El resultado fue el triunfo de la abstención (más del 60%), pero del total de votos efectuados la mayoría se inclinó por el NO (50,2%) por una pequeña diferencia con los votos de SI.
La votación por el SI fue mayoritaria en poblaciones que han sido golpeadas durante décadas por el conflicto armado; pero se trata de regiones y ciudades que aportan pocos votos en el total nacional por su baja densidad de población. Pero en cambio en las zonas urbanas o los núcleos rurales más poblados, donde la violencia del conflicto hace tiempo que dejó de golpear, dominó el voto por el NO.
Pero a la mayoría de las masas de la población el conflicto armado le es ahora indiferente. La campaña por el NO y por el SI resultó ser una maniobra distraccionista para apartar a los trabajadores de sus luchas reivindicativas, como lo hacen todos los procesos electorales en la democracia burguesa.
Así mismo el gobierno de Juan Manuel Santos convocó este plebiscito sin tener la obligación de hacerlo, ya que la Constitución colombiana le brinda poderes al Presidente para llegar a acuerdos del tipo de los asumidos con las FARC. El ELN también se incorporó a negociaciones de paz con el gobierno. Y aunque el resultado del plebiscito fue a favor del NO, lo que está previsto es que el acuerdo sufra algunas modificaciones, acordadas entre las partes, pero seguirá su curso y se implementará.
El tratado acordado entre las partes contempla, entre otras cosas, que quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas, además de abrir las puertas a los líderes guerrilleros para que las FARC participen en elecciones convencionales como partido político.
Con la implementación del acuerdo de paz se beneficiarían un conjunto de negocios que para crecer y desarrollarse requieren del desmontaje de la guerrilla y los paramilitares. Destacan los negocios asociados a la producción y comercio de materias primas (petróleo, gas, carbón, café, etc.) en el que están integrados capitalistas nacionales y trasnacionales. A estos negocios se suman otros que les dan soporte, dentro de los que destaca el de la logística (transporte terrestre, fluvial y marítimo por ejemplo) y el establecimiento de estaciones de almacenamiento y venta de gasolina y nafta. Como confirmación de que detrás del acuerdo de paz con las FARC están presentes importantes intereses económicos, recuperando las zonas hoy sometidas a un conflicto militar que extorsiona las inversiones capitalistas, pudimos observar el rápido llamado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien habló telefónicamente con Santos y lo felicitó por la conclusión de la negociación; un símbolo del consenso imperialista para el acuerdo de paz.
Aunque en el seno de las FARC se han presentado algunos síntomas de disidencia, la matriz mediática se ha encargado de indicar que dichas disidencias tienen como motivación la búsqueda de mantenerse en el negocio del narcotráfico. Pero ya sea que esto sea cierto o que, por el contrario, se trate de una disidencia motivada por razones ideológicas, no podemos esperar de las FARC, el ELN y sus disidentes otra cosa que reformismo, es decir: política burguesa; solo podemos esperar la reivindicación de programas interclasistas que mezclan algunas aspiraciones de los trabajadores asalariados con exigencias de pequeños, medianos y grandes empresarios del campo y la ciudad, sin avanzar hacia un programa verdaderamente anticapitalista.
De hecho el texto del acuerdo se resume en un programa de reivindicaciones para los pequeños y medianos productores rurales, control del tráfico de drogas, garantías jurídicas para el procesamiento de los guerrilleros desmovilizados y para su incorporación a la actividad política legal y parlamentaria. No manifestaron preocupación ninguna de las partes, ni siquiera por motivaciones politiqueras y demagógicas, por las condiciones del gran número de familias proletarias arrancadas por la fuerza del campo, por su vivienda, por su trabajo, por sus salarios.
De todas maneras está por verse como quedan los intereses del negocio de la droga luego de este acuerdo, ya que la guerrilla (pero también paramilirates, carteles de la droga y el mismo gobierno en alianza con EEUU) han venido controlando o teniendo presencia en zonas estratégicas con corredores de movilidad donde está establecida la logística del narcotráfico y de la minería ilegal. Así mismo está por verse cual será la efectividad de los acuerdos sobre la eliminación del cultivo de la coca en el corto plazo.
La economía capitalista será la principal beneficiaria del acuerdo de paz. Si bien la situación de los bajos precios del petróleo disminuye la presión sobre el avance de este pacto en el corto plazo, en el mediano y largo plazo la rentabilidad del negocio petrolero y la adecuación del negocio de la droga a la nueva situación, obligarán a concretar esta desactivación de la confrontación militar para permitir el crecimiento de la actividad económica y las operaciones de producción, logística y comercialización de mercancías y servicios. El triunfo del NO por lo pronto no es un freno a este proceso en cuanto a sus perspectivas a mediano y largo plazo.
Es evidente que el conflicto armado generaba empleos y actividades que mantenían estructuras dentro del tejido social colombiano y esto explica el accionar político de partidos y movimientos que han hecho resistencia a este acuerdo. Por otro lado el gobierno burgués colombiano y el empresariado deberán resolver lo referente a la reconversión de buena parte de sus inversiones en seguridad y defensa, para transformarlas en inversiones en las áreas que darán soporte a los nuevos retos de la economía capitalista en esa región. Queda pendiente el reto de afrontar un acuerdo con el ELN, de desactivar la actividad paramilitar y de reprimir a los grupos no pacificados de las FARC.
Así mismo, es de esperar que el acuerdo de paz contribuya con la dinamización del intercambio comercial fronterizo entre Colombia y Venezuela, facilitándose el flujo de las mercancías entre ambos países. Se han venido realizando múltiples reuniones del empresariado de Colombia y Venezuela, auspiciadas por ambos gobiernos para explorar las diferentes oportunidades de negocio que se abren en la etapa post-conflicto. En cuanto a la mercancía “fuerza de trabajo”, la apertura fronteriza podrá significar la migración de mano de obra calificada venezolana hacia Colombia, o el regreso de parte de la mano de obra colombiana que se ha asentado en las últimas décadas en Venezuela.
Está por verse si, dentro del proceso de adecuación de los negocios ilegales en Colombia, se produce una migración de éstos hacia los países vecinos. Los “desempleados de la guerra” pueden tener un desplazamiento hacia Venezuela.
También es de esperar que ambos gobiernos tiendan a armonizar políticas económicas en áreas como el tipo de cambio, políticas de precios, ajuste de controles al comercio bilateral, migración, seguridad y represión, etc.
Las FARC aseguran que la guerra ya no es una alternativa en Colombia, que la guerra se ha terminado. La clase obrera colombiana, asalariada en el campo y la ciudad, no tiene otra alternativa que asumir la guerra de clase contra la explotación capitalista, que pasa por organizarse por la base, en sindicatos de clase, en la lucha por la defensa del salario y por la reducción de la jornada de trabajo. Ni el reformismo guerrillerista ni el oportunismo parlamentario y democrático burgués han sido ni serán alternativas para el proletariado en su camino histórico hacia la conquista del comunismo. El proletariado colombiano no deberá tomar partido por ninguno de los frentes burgueses y pequeñoburgueses que disputan el control del gobierno y el Estado, entre los cuales hay que contar a los frentes guerrilleros de las FARC-EP y el ELN.
Conflicto minero en Bolivia
Las cooperativas también explotan a los trabajadores
Una modalidad en la explotación minera en Bolivia, que creció particularmente desde el 2005, fue el empleo de cooperativas a las que se les hicieron concesiones para la explotación minera.
Hoy día la extracción de mineral se realiza a través tres sectores: la minería empresarial privada que tiene el 79% de la extracción, las cooperativas (que también son sector privado) con un 17% y el sector estatal con sólo 4% de la producción. Desde que el Movimiento al Socialismo (MAS) asumió el gobierno en Bolivia fueron concedidos territorios de exploración a las cooperativas. La producción de la minería participa del 25% de las exportaciones de Bolivia, lo que la convierte en una actividad de alto peso en la economía de ese país.
Las cooperativas mineras constituyen un sector social de pequeños, medianos y grandes empresarios que invierten en la extracción de minerales. Con la inversión adquieren la categoría de socios de la cooperativa, pero a diferencia de una cooperativa en el sentido colectivo del término, los socios tienen derecho a la búsqueda y explotación de mineral en determinados parajes. Si ese cooperativista tiene suerte con una veta de mineral, ese mineral es de su propiedad y por lo tanto, para acelerar la extracción, puede contratar peones, jornaleros, y diversas formas de trabajo asalariado o por volumen.
Muchas veces los trabajadores dependientes de este cooperativista afortunado son cooperativistas pobres con pequeñas extensiones de explotación y muchas veces sin mineral, quienes se ven obligados a trabajar de manera dependiente de otro socio. A esto hay que añadir que no gozan de beneficios sociales y tampoco seguro médico. Y en las pequeñas cooperativas no tienen ni ropa ni herramientas de trabajo adecuadas. Una forma de explotación que ha permitido enriquecer aceleradamente a una fracción burguesa de origen plebeyo. De hecho las cooperativas mineras eran y son dirigidas por los cooperativistas ricos quienes se benefician de la ausencia de organización sindical de sus dependientes y de las enormes ventajas por exoneración de impuestos.
El cooperativismo en Bolivia se caracteriza por contar con patronos que explotan al resto de trabajadores sin cumplir con lo establecido en la legislación burguesa en materia de “derechos laborales”. En todo lo que va de la gestión de Evo Morales los cooperativistas ricos lograron acceder al parlamento donde con la ley de cooperativas están exentos de pagar impuestos en minas y también de no estar incluidos dentro la ley general de trabajo. A razón de esto evaden cualquier deuda social con los trabajadores o “socios” pobres de la cooperativa. Así mismo, los dirigentes de las cooperativas mineras han alcanzado posiciones en el gobierno.
El conflicto minero
En agosto 2016 surgió un conflicto con los sectores cooperativistas, en particular con los dirigentes, quienes representan a la parte patronal de estas organizaciones. El conflicto se originó a causa de la modificación a la ley de cooperativas que fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y que permite la sindicalización dentro de las cooperativas, dando lugar a la creación de sindicatos en cooperativas, sean estas de servicios, transporte o minería. La Ley n° 823 autorizaba la organización sindical de decenas de miles de trabajadores “jornaleros”, “piqueros” y peones que trabajan para los empresarios cooperativistas. En principio, ante la amenaza de ruptura del pacto con estos empresarios “cooperativistas”, el gobierno retrocedió afirmando que había una “mala interpretación” de la ley, ya que la misma no autorizaba la organización sindical de decenas de miles de trabajadores al interior de estas cooperativas. Pese a esto los patronos dirigentes de las cooperativas pasaron a la ofensiva y exigieron la legalización de sus contratos con las empresas trasnacionales y una negativa explícita y legal contra el derecho de organización sindical de los asalariados y peones de las cooperativas. Para ello recurrieron al expediente de movilizar, coaccionando a los trabajadores de las cooperativas, para garantizar un reaccionario y anti-obrero bloqueo de carreteras nacional. Esto trajo consigo también el endurecimiento de las posiciones del gobierno burgués boliviano.
Los dirigentes de las dos organizaciones que representan al cooperativismo, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN) y la Confederación de Cooperativas de Bolivia (CONCOBOL), se niegan a la sindicalización planteando que no pueden existir sindicatos en las cooperativas “porque todos son socios”, negando que bajo la figura de “socios” están los trabajadores eventuales, sin seguridad social o asistencia sanitaria, además de trabajadores tercerizados o subcontratados por algún “socio” que en los hechos no es otra cosa que un patrón.
El conflicto tomó el curso de la violencia y desemboco en la muerte de trabajadores mineros y del linchamiento del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes. Una breve cronología de este conflicto es la siguiente:
10 de agosto - Bajo la dirección de sus patronos, miles de mineros asalariados de las cooperativas inician bloqueos de rutas contra la aprobación en el Congreso de una reforma a la Ley de Cooperativas, que permite los sindicatos en esas organizaciones. La policía detiene a 113 mineros y los manifestantes toman como rehenes a 46 agentes. Hay heridos en ambos bandos. La participación de los trabajadores mineros se cumple bajo la coerción de los patronos o “dirigentes” de las cooperativas.
11 de agosto - Segundo día de bloqueos. La Fiscalía instruye la liberación de los detenidos y las cooperativas mineras dejan ir a los agentes secuestrados. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, denuncia que en carreteras de seis de las nueve regiones bolivianas hay más de 5.200 manifestantes con explosivos. La policía vuelve a detener a varios mineros. Un dirigente del sector, Federico Escobar, amenaza con usar bombas molotov para causar muertes entre los policías.
12 de agosto - Cuarenta agentes que estaban retenidos por los mineros son liberados e internados en clínicas tras sufrir golpes, humillaciones y robos, según una denuncia gubernamental. Los mineros anuncian una tregua en los bloqueos de carreteras y piden a las autoridades empezar a dialogar.
13 de agosto - Las autoridades judiciales envían a prisión con detención preventiva a diez mineros acusados de atentar contra policías y bienes públicos. Los mineros descartan dialogar con el Gobierno si sus compañeros no son liberados.
14 de agosto - El ministro Carlos Romero advierte que los mineros cooperativistas están “dispuestos a matar” para conseguir que el Ejecutivo autorice firmar contratos con empresas privadas nacionales y trasnacionales sobre yacimientos estatales.
15 de agosto - La Federación de Cooperativas Mineras de La Paz da un ultimátum de 48 horas al Gobierno para que ordene la liberación de diez mineros encarcelados por agredir a policías, bajo la amenaza de “tomar la ciudad” o reanudar el bloqueo de carreteras.
17 de agosto - El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Carlos Mamani, afirma que los mineros radicalizarán sus protestas si no se libera a sus diez compañeros detenidos por agresiones a policías.
19 de agosto - El presidente Evo Morales promulga la reforma que permite crear sindicatos en las cooperativas, pese al rechazo de los mineros. El mandatario manifiesta que defiende el derecho a organizarse en sindicatos y recibe el apoyo de la Central Obrera Boliviana, enfrentada a las cooperativas.
23 de agosto - Los mineros reanudan el bloqueo de carreteras y los enfrentamientos dejan 27 heridos, incluidos 14 agentes, una docena de obreros y un periodista.
24 de agosto - Mueren dos mineros por disparos de armas de fuego en carreteras de las localidades de Kami y Sayari, respectivamente, en Cochabamba (centro), durante choques de manifestantes con policías.
25 de agosto - El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, viaja a la localidad de Panduro, en el altiplano, para intentar una negociación y es secuestrado por los mineros. Se producen nuevos enfrentamientos entre bloqueadores y policías. El Gobierno ratifica su posición de que los mineros deben levantar los bloqueos para comenzar a dialogar. Los mineros denuncian que en Panduro murió el minero Rubén Aparaya Pillco, pero el Gobierno no lo confirma. El Ejecutivo confirma que Illanes fue asesinado a golpes y pedradas por los mineros.
26 de agosto - Las autoridades encuentran el cadáver de Illanes envuelto en una manta en una carretera del altiplano. El presidente Morales considera “imperdonable” el crimen, declara duelo nacional. Velan el cuerpo de Illanes en el Palacio de Gobierno. No hay luto por los mineros muertos.
Situaciones que explican el conflicto
El conflicto planteado por las cooperativas mineras en Bolivia es en principio una acción impulsada por medianos y grandes empresarios que, cubiertos por el ropaje cooperativista, extraen plusvalía absoluta aprovechando figuras legales por medio de las cuales presentan a los asalariados como “socios”.
No todos los integrantes de las cooperativas son trabajadores reales, este sector agrupa una gran cantidad de trabajadores y un puñado de patronos. Estos patronos (que se muestran como “dirigentes”) son quienes se oponen a la reforma de la ley de cooperativas que ahora permite la sindicalización. Con la figura de cooperativa quieren mostrar a los trabajadores como socios para no pagar seguros de salud ni hacer aportes para su jubilación y continuar incumpliendo con cualquier exigencia legal en materia laboral.
En el sector cooperativo minero se observan condiciones de explotación ya que, aunque todos entren en la figura de cooperativistas, cuya definición abraza un carácter horizontal y democrático, tal situación está lejos de la realidad en la que viven. En una cooperativa minera un 95% se constituyen en los trabajadores que terminan explotados por el 5% restante. Muchos trabajadores no entran ni siquiera como “socios” sino que deben realizar trabajo eventual, sin reivindicaciones laborales, antes de ser parte de la cooperativa durante un lapso que va de los 3 meses a los 2 años. En algunas regiones como Potosí ese tiempo es indefinido.
Hay una estratificación en las cooperativas y existen distintos niveles de jerarquía, desde los trabajadores eventuales hasta llegar a los socios. Entre los “socios” están los de categoría media y alta y éstos últimos, que son la menor cantidad, son los únicos que pueden llegar a ser dirigentes.
Igualmente encontramos socios explotados por otros socios. En el caso de los socios que tienen vetas asignadas, sin embargo, en función a la cantidad de mineral que encuentran, algunos terminan siendo explotados por otros. Esto se da en el caso del socio que no encuentra mineral o encuentra muy poco, acabando como trabajador de otro que ha encontrado bastante en su veta, quien pone a trabajar allí a los demás, terminando en condición de patrón porque paga un salario no fijo al resto de los socios que trabajan para él.
Este sector cooperativista que ha conseguido beneficios con varios gobiernos en las últimas décadas, en los años 80 fue el medio para descargar el desempleo que trajo la política anticrisis de la burguesía con el despido de los trabajadores mineros que dependían de las empresas estatales. Desde ese momento se convirtieron en grandes grupos que acudían a minas abandonadas a rescatar el mineral que pudieran encontrar, pero, al emplear una gran cantidad de trabajadores se convirtieron en una organización numerosa, lo que les permitió obtener privilegios tras acercarse a cada gobierno que estaba en el poder, obteniendo prerrogativas que hasta hoy mantienen: no pagar muchos impuestos y no estar bajo el control de todo el impacto medioambiental que generan.
Los cooperativistas eran considerados uno de los mayores caudales de votos a favor de Morales porque tienen más de 130.000 afiliados a nivel nacional, más los votos de sus familias. En Bolivia, votan entre 4 y 5 millones de personas. Y este sector minero nunca le falló a Morales, en ninguna elección.
Evo Morales y García Linera durante todos estos años mantuvieron un acuerdo con los dirigentes cooperativistas otorgándoles importantes ventajas como por ejemplo a través de la Ley de Minería que les habilita la posibilidad de hacer contratos directos con empresas privadas, la otorgación de nuevas áreas fiscales, la garantía de ventajas impositivas y permitiendo la brutal explotación de los trabajadores contratados por las cooperativas que llevaron incluso al intento de privatización de Huanuni con la asonada cooperativista del 2006, con el saldo de decenas de muertos, o entregándoles el 50% de la veta Rosario en el yacimiento de Colquiri.
En estos años la legislación minera dispuesta por el gobierno de Morales privilegió claramente a los cooperativistas por encima de los sectores privados y estatales.
Favorecidos por la subida de los precios de los minerales y su cercanía al poder político, la cantidad de cooperativas mineras en Bolivia se multiplicó por cinco en los años que Evo lleva en la presidencia.
Su grado de influencia creció tanto en la última década que ahora los cooperativistas, o “cuentapropistas” como también se les lama, demandan poner a uno de sus hombres al frente de un ministerio o viceministerio específico para las cooperativas.
El gobierno y sus funcionarios facilitaron el enriquecimiento de estos patronos mineros y que el “capataz” García Linera embelleció caracterizándolos como la “nueva burguesía weberiana” que iba a cumplir el “progresivo” rol de construir el Estado Plurinacional de Bolivia.
El presidente boliviano habló de una “conspiración permanente” de los “opositores” que están “usando a los cooperativistas para llevar luto al pueblo boliviano”. Cooperativistas que hace apenas unos meses marchaban a su lado, envueltos en las banderas de su partido y lo proclamaban como su “único candidato”.
El conflicto planteado por los mineros cooperativistas es una expresión de la disputa existente entre los diferentes grupos capitalistas (el gobierno incluido) por el excedente generado en la explotación minera. El mal llamado cooperativismo quiere libertad para poder asociarse con trasnacionales y explotar los recursos naturales a fin de obtener la máxima plusvalía posible de los trabajadores asalariados. El gobierno de los oportunistas del MAS manifestó que estaba dispuesto a dialogar con las cooperativas pero que “no aceptará la violación de la soberanía del pueblo boliviano sobre los recursos naturales que establece la Constitución Política del Estado”. Sin embargo de lo que se trata realmente es de una pugna por la apropiación de la renta de la explotación minera. De un lado el gobierno y del otro los mineros, se están peleando por controlar los excedentes que provienen de explotar los recursos naturales, para asegurarse la mayor tajada posible de su rentabilidad económica. Por eso este enfrentamiento será siempre violento.
Es de esperar un escenario de reacomodo de las alianzas políticas del gobierno burgués del MAS, donde los mineros cooperativistas pierdan el posicionamiento que han tenido en los últimos años o simplemente se sumen a factores políticos de oposición ante las próximas elecciones presidenciales. Así mismo es de esperar que este movimiento cooperativo se reestructure internamente debido a que sus dirigentes actuales se encuentran perseguidos por las fuerzas policiales a raíz del asesinado del viceministro Illanes.
Las víctimas de la salvaje represión estatal son siempre los trabajadores de base, quienes son obligados a movilizarse por los “patronos” para no perder su fuente de empleo. La creciente criminalización de la protesta social y su judicialización va a ir más temprano que tarde contra los trabajadores asalariados en general y contra estratos sociales oprimidos como los campesinos.
Fue notoria la pasividad de los dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de la Central Obrera Boliviana (COB) en este conflicto. Pero realmente estos sindicatos del régimen han mantenido siempre su complicidad con los gobiernos burgueses de turno, en este caso con el gobierno de Evo Morales, García Linera y el MAS. Los sindicatos del régimen en Bolivia no han promovido la organización y movilización de los trabajadores asalariados para la lucha por aumento de salarios y mejores condiciones y medio ambiente de trabajo.
Las reivindicaciones que plantean los líderes de las cooperativas mineras, que demuestran el contenido antiobrero y patronal de este movimiento, son las siguientes: 1. Que no se modifique la Ley General de Cooperativas Mineras, la cual no permite la sindicalización en el sector; 2. Modificación a la Ley Minera para asociarse con empresas privadas nacionales y transnacionales; 3. Un fideicomiso a favor de la empresa metalúrgica de Vinto, para pagar la entrega de minerales a las cooperativas; 4. Flexibilizaciones de las regulaciones medioambientales; 5. La inyección de recursos al Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim); 6. Inclusión de un representante de los cooperativistas en el Directorio de la Caja Nacional de Salud; 7. Consolidación en las áreas de la Cooperativa 26 de Febrero en el yacimiento de Colquiri; 8. La reposición del Viceministerio de Cooperativas o la creación de un ministerio para el sector; 9. El tendido de redes de energía eléctrica a todas las cooperativas del país con tarifas diferenciadas; 10. Reinversión de recursos provenientes de las regalías mineras en proyectos para el sector.
El gobierno impulsará medidas que, argumentando el control del impacto medioambiental y los aportes al Estado, se orientarán a colocar a las cooperativas en la misma condición del resto del empresariado, sin los privilegios que obtenían en el pasado con el disfraz que les daba la figura cooperativista.
Los oportunistas del partido de gobierno (MAS) cínicamente ahora se dan cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras explotan a los trabajadores mineros y no cumplen con las leyes burguesas que regulan los temas laborales. Gobierno y cooperativas fueron socios durante diez años y entonces no se denunciaba evasión de impuestos ni violaciones ambientales ni preocupación por la sindicalización de los trabajadores. Ahora que se agudiza el conflicto por la apropiación de la renta de la explotación minera y los dirigentes de las cooperativas presionan por un pedazo más grande de la torta y se convierten en potenciales adversarios electorales, aparecen las denuncias de actuaciones ilegales.
Lo mismo ocurre con los decretos sobre el uso de la dinamita, que en principio el gobierno de MAS permitió a los cooperativistas como fuerza de choque contra sus adversarios políticos. Ahora que el gobierno y los dirigentes de las cooperativas ya no son aliados políticos, se emite un decreto que prohíbe el uso de explosivos en las movilizaciones callejeras.
Los trabajadores bolivianos deberán organizarse desde la base, fuera y contra los sindicatos del régimen y sin dejar encerrar sus luchas en los muros de las empresas. Los trabajadores asalariados deberán romper con los llamados de los frentes políticos burgueses que se disputan el control del gobierno y que los usan como “carne de cañón” y los movilizan por reivindicaciones antiobreras como la defensa de la patria, la soberanía y la defensa de la economía nacional.
Los trabajadores deberán tender a organizarse en verdaderos sindicatos de clase por región o localidad, integrando compañeros de diferentes oficios y ramas de industria, sin compromisos con el gobierno y los patronos.
Venezuela
Enero 2017
Lucha unitaria de los asalariados
Contra
la explotación capitalista y por la revolución
proletaria
Ayer y hoy la explotación de los trabajadores ha sido la base sobre la que se han levantado las grandes riquezas de los capitalistas en Venezuela y en todo el mundo. En el 2017 el gobierno burgués, los empresarios y los diferentes grupos politiqueros de oposición se unirán para intensificar la explotación a los trabajadores, para desorganizarlos, desmovilizarlos y confundirlos.
Los partidos políticos de oposición al gobierno burgués de los chavistas son solo una alternativa política con la que cuenta la burguesía para continuar explotando a la clase obrera.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la carestía y escasez de los alimentos y productos y servicios de primera necesidad, el desempleo, el deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo, son apenas algunas de las expresiones de los efectos de la crisis capitalista en la clase trabajadora.
El salario real se diluye aceleradamente y ningún aumento nominal decretado por el gobierno o acordado con los patronos, es capaz de alcanzar la espiral de aumentos de precios.
La crisis actual no se ha generado por una “mala política”, por los “derroches”, o por la “corrupción”. Esta crisis no es el fruto de una “malévola” gestión de la economía capitalista que, con una política “justa” u “honesta”, estaría en disposición de garantizar el bienestar y el progreso también para la clase trabajadora. Tampoco esta crisis es culpa de una “mala gerencia” de la industria petrolera. La economía capitalista tiene que necesariamente caer en la crisis general y profundizar en ella hasta la ruina completa a causa de sus inevitables contradicciones internas. Las auténticas causas de la crisis son la sobreproducción y la caída de la tasa de ganancia. Estas causas residen en la producción, allí en donde el trabajo obrero crea la plusvalía. Estas son las causas en Venezuela y en todo el mundo y los trabajadores no se deben dejar engañar por los politiqueros de todos los bandos y todos los colores que solo persiguen que la clase obrera se mantenga pasiva mientras este gobierno y el próximo aplican las medidas para salvar a la patria y a la economía, que no son otra cosa que medidas para proteger la acumulación de riquezas por las empresas y los bancos a costa de sangre, sudor y lagrimas de los trabajadores y sus familias. Ningún gobierno burgués, ni el actual ni uno dirigido por los opositores, resolverá la crisis actual a favor de los trabajadores. Bajo el capitalismo no puede existir un “gobierno obrero”. La única alternativa revolucionaria pasa por la instauración de la Dictadura del Proletariado y la ruptura con la democracia burguesa.
La clase obrera debe tomar la escena política y plantear su propio programa, al margen de los programas de las diferentes fracciones burguesas y politiqueras que se disputan el control del gobierno. El programa de la clase obrera es el programa comunista.
Los
puntos fundamentales del programa
comunista
son:
-
la abolición
del trabajo asalariado,
con la consiguiente extinción de su oponente, el Capital, y por
tanto del dinero, y la distribución gratuita de bienes y servicios;
-
la
obligación social del trabajo,
y la desaparición del desempleo;
-
la reducción
drástica del horario laboral
a unas pocas horas diarias;
-
la
regulación de la producción según parámetros físicos referidos
a las necesidades humanas,
y no según los intereses mercantiles y empresariales;
-
la supresión
de sectores completos de actividades puramente capitalistas y
parasitarias: desde
aquellas ligadas a la contabilidad monetaria y a las finanzas a
aquellas, por ejemplo, publicitarias, con la consiguiente liberación
de enormes energías para tareas realmente útiles.
Pero la clase obrera se encuentra dividida y desorganizada. Los sindicatos actuales mantienen una constante conciliación con los patronos y propician constantemente el sacrificio de las reivindicaciones obreras ante los intereses de la empresa y de la economía nacional. En una misma institución, empresa y rama de industria vemos que funcionan varios sindicatos y que ninguno moviliza a los trabajadores para la lucha reivindicativa. La causa de la desmovilización obrera la podemos encontrar principalmente en el papel traidor y conciliador de los sindicatos actuales, que son los primeros defensores de la aplicación de la ley burguesa y que ni la denuncian ni la desenmascaran ante los trabajadores. Los sindicatos actuales y la mafia sindicalera de diferentes colores que los dirige son hoy uno más de los tentáculos del pulpo capitalista. La clase obrera deberá reanudar tarde o temprano su lucha de clase unitaria, liberándose de la camisa de fuerza de los sindicatos actuales y rescatando la huelga, sin ataduras legales, como su principal forma de lucha.
Para tomar ya desde hoy este camino los trabajadores deben defender sus propios intereses económicos de clase, de forma intransigente: ¡sin hacerse cargo en absoluto de la salvación de la economía nacional, que no es más que la salvación del capitalismo!
Es
necesario plantear de manera unitaria las
reivindicaciones del movimiento obrero:
-
fuertes
aumentos salariales,
mayores para las categorías peor pagadas;
-
drástica
reducción del horario laboral,
manteniendo el salario;
-
salario
íntegro para los trabajadores despedidos.
Estos objetivos son alcanzables solo desde un movimiento general de la clase, lo que incluye también a los cada vez más numerosos trabajadores desempleados, con huelgas cada vez más extensas y prolongadas, hasta llegar a la huelga general indefinida. Para esto es necesaria una organización general de los trabajadores, un verdadero sindicato de clase, que tenga entre otras características la de privilegiar la organización territorial de los trabajadores respecto de la organización por empresa o por categoría, para unir ocupados y desocupados, activos y jubilados, trabajadores de las pequeñas empresas con los de las grandes, como en la gloriosa tradición de las Cámaras del Trabajo italianas a principios del siglo XX.
El SINDICATO DE CLASE hoy solo puede renacer como producto de la reanudación de la lucha de clase y del cuestionamiento de las masas asalariadas hacia los sindicatos del régimen, decididamente dedicados a la defensa de la economía nacional.
Los asalariados deben tender a organizarse por la base por barrio, parroquia, municipio o localidad, para facilitar las reuniones. La organización de trabajadores por la base se puede realizar por sitio de trabajo, pero la prioridad se debe poner en organizarse y reunirse fuera de la empresa. La organización de base debe ser un espacio de integración de las luchas obreras en localidades y regiones y a nivel nacional.
Debe promoverse la realización de Asambleas de Trabajadores en las empresas o instituciones por lo menos una vez a la semana, para recibir información de los sindicatos y para acordar acciones de lucha y de integración con los trabajadores de la región, del país y del mundo. No se debe aceptar que las directivas sindicales lleguen a acuerdos con el patrón a espaldas de los trabajadores y sin la movilización y la presión.
La lucha intransigente en defensa del salario conducirá al proletariado a la unidad de acción contra la burguesía, pero es imprescindible la alineación de los sindicatos con el partido comunista internacional para marchar hacia la Revolución contra un capitalismo cada vez mas imposibilitado de alimentar a sus esclavos asalariados.
Toda lucha reivindicativa consecuente necesariamente debe romper con las restricciones que imponen las leyes para favorecer a los patronos. Los trabajadores deben unir sus luchas sin distingo de oficios o ramas de industria, avanzando hacia huelgas que integren a todos los trabajadores sin dejarse controlar por sindicatos y sindicaleros patronales y traidores.
EL CAPITALISMO es un cadáver nauseabundo en su economía, en sus instituciones políticas, en sus supersticiones sociales, y únicamente espera ser sepultado por sus enterradores.
El “Socialismo del Siglo XXI” es otra mentira de la burguesía para darle oxígeno al capitalismo. La clase obrera no debe seguir ni a los partidos del gobierno ni a los partidos de la oposición, porque ambos son caras de la misma moneda: el capitalismo explotador. La salida revolucionaria no se alcanzará a través del voto.
UNIDAD DE TODA LA CLASE
OBRERA CONTRA LA BURGUESIA, SU GOBIERNO Y SU PARLAMENTO!
¡POR
EL COMUNISMO!
Trabajadores tribunalicios
Organización de base para la lucha reivindicativa, con o sin el apoyo de las directivas sindicales!!!
Por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo!!!
Rescate de las asambleas!!!
El salario de los trabajadores tribunalicios, como el de todos los trabajadores, se ha quedado rezagado ante los precios de los productos y servicios de primera necesidad. El contrato colectivo, si por fin se firma, no garantiza un incremento salarial acorde con la dinámica de la inflación y la especulación de los comerciantes. Los trabajadores estamos cayendo en la miseria a consecuencia de la política hambreadora del patrón, que cada vez coloca más carga de trabajo sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras a cambio de casi nada.
Los sindicatos que hacen vida en el Poder Judicial prácticamente no dan la cara a los trabajadores, no convocan asambleas, no informan del proyecto de contrato ni de sus discusiones con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Ninguno de los sindicatos actuales convoca a la movilización, a la huelga o acciones de presión por la conquista de aumento salarial y mejora de las condiciones de trabajo.
Los trabajadores deben exigir información del contrato. Pero independientemente del contenido del contrato que se firme, los trabajadores deben prepararse para una lucha por un aumento de salarios superior, que le salga a paso a la inflación.
Los trabajadores tribunalicios deben romper con el terrorismo patronal y organizarse por la base para constituir un verdadero sindicato de clase, que tenga entre otras características la de integrar localmente a los trabajadores activos, pensionados y jubilados y a trabajadores de diferentes instituciones y empresas. Se deben impulsar las asambleas de trabajadores para organizar la lucha (con o sin el apoyo de los sindicatos actuales), conformar comisiones de propaganda, constituir un fondo pro-huelga y, muy importante, para promover el contacto, la coordinación y la unidad de acción con todos los trabajadores en lucha en cada localidad o región. La discusión del contrato colectivo no debe hacerse en silencio y sin la movilización de los trabajadores.
Se debe impulsar la unidad con todos los asalariados a nivel local, regional, nacional y mundial por aumento salarial por la exigencia de aumento de salarios.
La lucha unitaria de los trabajadores deberá conducir más temprano que tarde a la confrontación con la burguesía, por la toma del poder y la instauración de la Dictadura del Proletariado.
Enero 2017
Los regalos de fin de año del patron:
Migajas para aplacar la lucha de los trabajadores
Finalizando el 2016 hemos visto como en los Tribunales se entregó a los trabajadores perniles o bolsas de comida por los cuales no se canceló nada. Esto no se cumplió en todos los estados y centros de trabajo por la misma ineficiencia de los patronos, dejando a muchos trabajadores con la expectativa y la desilusión. Así mismo se depositó en las cuentas de los trabajadores un bono (44.000 Bs para Jubilados y 20.000 Bs para activos). Al parecer fue una acción concertada entre el patrón y por lo menos uno de los sindicatos.
Pernil gratis, bolsas de comida gratis, concesión de bono en efectivo sin previa consulta. Que patronos tan buenos!!! Que sindicato tan diligente!!! ¿Deben los trabajadores agradecer al patrón y a los sindicatos este regalo? ¿Se trata realmente de un regalo?
La verdad verdadera es que los patronos no dan nada gratis. Los trabajadores emplean su energía física y cerebral en la jornada de trabajo y a cambio reciben un salario como pago. El patrón saca provecho acumulando plusvalía y ganancia. Un pernil, una bolsa de comida, un bono, etc., no son otra cosa que parte de ese pago por la fuerza de trabajo entregada a lo largo del año, en este caso por la masa de asalariados de los tribunales.
¿Darle las gracias al patrón por la entrega de estas miserias? Eso seguramente es lo que aspiran los sindicatos. O lo que aspira el gobierno burgués, que dirá que estos son los logros de la "revolución".
Pero mientras el patrón hace estos "regalos" a los trabajadores, los sindicatos callan ante más de 7 años sin firma del nuevo contrato colectivo, ante un salario de hambre, ante una desmejora de los servicios de salud, Dicen que el aporte para gastos de los trabajadores en servicios de salud fue aumentado, pero en términos reales se disminuyó casi a cero. ¿Sera que los sindicatos aspiran que los trabajadores agradezcan al patrón esto también?
Estos “regalos”, que no son regalos, solo buscan corromper a los trabajadores, aplacar su descontento, mermar su disposición de lucha y construir una imagen de falso benefactor para el patrón. Los aliados directos de esta estrategia son los sindicatos actuales que están sumados a estas jornadas de entregas de alimentos sin asomar la más mínima crítica a la acción explotadora de los patronos.
Si el patrón quiere regalar comida y bonos de fin de año a los trabajadores, que lo haga. Pero un sindicato de clase no debe prestarse para hacerle la logística y menos para dar agradecimientos por esto. Un sindicato de clase debe levantar su voz crítica llamando a los trabajadores a exigir aumento salarial y desenmascarando la hipocresía del patrón que con una mano regala unas migajas y con la otra mantiene el retraso en la firma del contrato, salarios de hambre y jornadas intensas de trabajo.
Un sindicato de clase o un comité de base deben hacer esta discusión con los trabajadores para su clarificación y como preparación política para las luchas que se avecinan.
En Venezuela el gobierno burgués ha impulsado los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y a finales del 2016 comenzó a hablar de los CLAP Obreros. Por esta vía el gobierno y los patronos han venido vendiendo a los trabajadores algunos alimentos escasos, con el apoyo servil de la gran mayoría de los sindicatos. Pero el gobierno ha insistido mucho en la necesidad de que los CLAP desarrollen la “P” de Producción, lo que en las empresas se traducirá en organización del esquirolaje, en poner a los trabajadores a velar por la continuidad operativa, a evitar la paralización de la producción y en la extensión de la jornada de trabajo. Los sindicatos o movimientos de base de los trabajadores deben ponerse al margen de estas estrategias patronales y mantener la unidad en la lucha por la defensa del salario y demás reivindicaciones, desenmascarando a los CLAP como esquirolaje organizado por el patrón para frenar las luchas, dividir a los trabajadores y aumentar la explotación del trabajo asalariado.
En el quinto bimestre del 2016, en el almacén GLS de Piachenza, en el transcurso de una huelga dirigida por la Unión Sindical de Base, un obrero que se encontraba participando en el conflicto fue arroyado violentamente y muerto por un transportista, que incitado por los vigilantes de la empresa buscaba romper el piquete.
No obstante la prensa burguesa se cuida muy bien de hacer referencia a episodios análogos, que han ocurrido cientos de veces en las huelgas que en estos últimos 6 años se han dado el sector de la logística. Y hasta ahora no habían ocurrido incidentes mortales. Este homicidio demuestra la dureza de las condiciones y de los enfrentamientos en este sector laboral. Así como en otros donde han ocurrido episodios similares, por ejemplo en la industria de mataderos y la logística.
Unas de las causas de esta lucha era el paso de 13 trabajadores contratados al estatus de fijos. El trabajador muerto ya había logrado esta reivindicación desde el año 2003, por lo tanto no luchaba para si, sino contra las precarias condiciones de sus compañeros. Luchaba por las condiciones de todos los trabajadores italianos e inmigrantes. Era un trabajador de origen egipcio y padre de cinco hijos.
El luchaba por toda la clase obrera, y en realidad su muerte no es una acción de un esquirol, sino obra de toda la clase burguesa, interesada en romper el movimiento obrero creciente en estos años en el sector de la logística, a fin que no se extienda al resto de la clase trabajadora.
Es la burguesía íntegra – Los industriales, la banca, la maquina represiva del Estado y sus títeres sentados en el parlamento – quien ha creado las leyes que empeoran siempre más las condiciones de vida de los trabajadores. Es la irreversible e histórica crisis económica del capitalismo, no solo italiano sino del mundo entero. Quien requiere para la defensa del beneficio, el aumento siempre más de la explotación y la represión contra los trabajadores.
Los trabajadores deben aprender la lección. Los partidos que afirman la posibilidad de una vida pacífica y digna en el capitalismo, que predican la colaboración de clases, con las empresas y con el estado, en el interés de un inexistente bien común que llaman “economía nacional”, estos partidos no hacen más que desarmar a los trabajadores en la lucha contra la clase dominante, que hoy los empuja a la miseria y mañana los empujará al matadero de una nueva guerra mundial, que va madurando día a día. Es esto efectivamente el único medio que tiene el sistema capitalista para salir de la crisis de sobreproducción: Destruir las mercancías en exceso, incluso la mercancía fuerza de trabajo, para después relanzar un nuevo y descabellado ciclo de acumulación, como ha ocurrido después de la segunda guerra mundial.
La lucha de clases es por lo tanto inevitable y va tomando calor. Es necesario oponer a la fuerza de la patronal la gran fuerza unida de los trabajadores. Para esto hace falta un instrumento fundamental que hoy falta: El Sindicato de clase.
Las CGIL, CISL y UIL son sindicatos del régimen, son las organizaciones que más y mejor controlan a la clase obrera, sometiéndola a los intereses de la clase dominante. Desde la segunda mitad de los años setenta, fuera y contra los sindicatos del régimen, han nacido sindicatos de base que han representado el primer paso hacia un verdadero sindicato de clase real.
Sin embargo, en casi cuarenta años este objetivo no se ha logrado, no ha sido superada la división y la competencia entre las diversas siglas, y esto a causa del sabotaje del enemigo de clase quien se vale de los sindicatos del régimen, y del oportunismo político de la dirigencia del sindicalismo de base.
Hoy el sacrificio de nuestro hermano de clase no debe ser en vano, debe ser un recordatorio de la necesidad de una respuesta común de los sindicatos de base a la agresión patronal.
La unidad en la acción de todos los trabajadores sean encuadrados en los sindicatos de base o en las posibilidades de los sindicatos del régimen, son la mejor arma para desenmascarar el nefasto rol de la CGIL, CISL y UIL, y para madurar el nacimiento del sindicato de clase.
Pero el sindicato mediante la lucha sindical, no podría definitivamente poner fin a la explotación capitalista, necesita pasar al terreno político, y para esto debe contar con el Partido Comunista Revolucionario, armado de la necesaria teoría, del programa, y de la experiencia histórica. Solo tomando el poder la clase obrera internacional podrá destruir el capitalismo, eliminar la explotación y parar la guerra imperialista.
Con la lucha y no con el voto se defiende la classe obrera
La fuerza de la clase está
en su organización y en sus luchas, no en una particular forma
constitucional del dominio burgués
USB y SI Cobas – con las más pequeñas ADL Cobas, Unicobas y USI – convocaron para el viernes 21 de octubre a la huelga general de todas las categorías.
Es justo agitar entre los trabajadores – ante la ausencia de movilizaciones por parte del sindicalismo del régimen – sobre la necesidad de una respuesta general capaz de repeler finalmente los ataques cada vez más duros de los patronos y de su régimen.
Pero esta movilización por desgracia fue preparada afrontando la cuestión de la manera incorrecta.
La positiva convergencia en la huelga de dos de las tres principales organizaciones sindicales de base – la USB y el SI Cobas – se vio dañada por la deserción de la CUB, que llamó a la huelga en otra fecha, el 4 de noviembre, junto a SGB y USI-AIT. La dirigencia de USB es responsable porque que se limitó a anunciar la huelga sin siquiera tratar de coordinase con otros sindicatos de base para prepararla juntos. Y la dirigencia de la CUB, demostrando similar y nefasto sectarismo, tomó como pretexto este comportamiento de USB para organizar la enésima huelga separada y en competencia, a pesar de sufrir fuertes críticas al interior de su propia organización. Estas actitudes de autosuficiencia en más de treinta años han impedido la superación del fraccionamiento del sindicalismo de base.
El SI Cobas se ha distinguido una vez más por saber mantenerse en la dirección de la unidad de acción de los trabajadores, como ya lo hizo el 14 de de noviembre de 2014 marchando en Milán junto a los trabajadores movilizados por la FIOM, el 18 de marzo del año pasado, promoviendo la huelga general junto a la CUB, que luego fue abandonado por la USB, y finalmente el 17 de septiembre 2016, participando en la manifestación de Piacenza organizada por la USB en respuesta a la muerte, durante un piquete, del trabajador Abd Elsalam.
Debe lucharse dentro de cada sindicato de base por la unidad en la lucha de todos los trabajadores, por la acción unitaria de todo el sindicalismo de base, y también con trabajadores movilizados por los sindicatos del régimen (CGIL, CISL, UIL), la cual es la vía maestra para el resurgimiento del Sindicato de Clase!
* * *
La huelga general, poderosa arma de la clase obrera, debe ser utilizada correctamente para no debilitar su eficacia. Debe apuntar a objetivos delimitados, claros y unificados. Debe reforzar la convicción de que la victoria de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos.
En cambio las reivindicaciones de esta huelga general son demasiado numerosas y variadas, como para que sea vista como una manifestación de opinión en lugar de un paso concreto para obtener realmente lo que pide y para la construcción de un movimiento de lucha de los trabajadores.
La fuerza de la clase obrera no se debe dejar desviar hacia falsos objetivos, que no son los suyos, sino de sus patronos. No se debe mezclar – y desplegar – a los trabajadores en los enfrentamientos entre las facciones opuestas de la clase dominante. El resultado es que los objetivos de la lucha obrera pasan a un segundo plano y son sometidos a los hipócritas y falsos ideales burgueses: los conflictos a nivel nacional entre el gobierno y la oposición, por la “libertad”, el “derecho constitucional”, la “democracia”...; a nivel internacional, los despliegues de hoy y la guerra imperialista de mañana.
Hoy, el principal elemento que desvía esta huelga general de aquellos que deberían ser sus propósitos es su utilización en apoyo de la lucha por el NO en el referéndum sobre la reforma constitucional. Esto se aplica principalmente a la USB, lo que da a la huelga un minestrón de reivindicaciones que sirven de entorno y apoyo a esta, que es la verdadera finalidad de su movilización, que de hecho incluye al día siguiente una manifestación nacional a Roma sobre este tema. Pero el SI Cobas la ha incluido entre los nueve puntos de la plataforma.
Entre otras cosas, de este modo se prepara el terreno para la campaña referendaria de la cual la CGIL, como es lógico, está haciendo uso para ocultar su voluntad de no llevar a cabo ninguna huelga.
Aparte del método del referéndum popular, que es exactamente lo contrario de la lucha de clases, la reforma constitucional no es un objetivo de la clase obrera: los trabajadores son arrastrados al pantano del choque entre los bandos opuestos de polítiqueros burgueses y la lucha de clases es envilecida y degradada al mecanismo electoral. La mayoría de los trabajadores se sienten, con razón, indiferentes; otros pueden propender, influenciados por la propaganda aparentemente opuesta, a inclinarse de un lado o del otro: a dar una indicación de voto que implica, por mandato de la política burguesa, dividir del todo improductivamente a la clase.
De hecho para la clase obrera
la cuestión entera de la reforma constitucional es
un problema falso y engañoso.
¿Es que sirvió la constitución democrática burguesa
para impedir las grandes derrotas de las últimas décadas?
Recordamos sólo las principales:
-
La abolición de la
escala móvil y la
“política de
ingresos”
– introducida por un acuerdo firmado por la CGIL, CISL y UIL en
1992 – lo que redujo año tras año el salario real;
- La
contra-reforma de las pensiones,
de Dini (1994) a Fornero (2011);
- La
introducción y propagación del trabajo precario
– por la ley Treu (1997), a la Biagi (2003), a la Ley del Empleo
(2015), convirtiéndose en la principal forma de empleo;
- La
mayor libertad de despido
con la reforma laboral Fornero (2012) y la Ley del Empleo;
- Las
renovaciones a perder de los contratos nacionales
de categoría ahora por décadas;
- La
progresiva derogación de los contratos nacionales, a
través de las leyes y los acuerdos entre los sindicatos del régimen
(CGIL, CISL, UIL) y las asociaciones patronales. Y por último el
Texto Unico sobre la Representación (TUR) de enero de 2014 (más
tarde también firmado por la Confederación Cobas y USB);
- La
limitación de la libertad de huelga a
través de las leyes (146/1990 y 83/2000) y los acuerdos entre la
CGIL, CISL y UIL y las asociaciones patronales (todavía TUR).
Todas estas leyes y estos acuerdos antiobreros fueron aprobados con la Constitución que hoy los contrarios a la reforma sostienen que los trabajadores deben defender con sus luchas y su sacrificio.
El frente del NO sostiene que si la reforma pasase las cosas van a empeorar aún más, ya que se reforzaría el poder ejecutivo – el Gobierno – en detrimento del poder legislativo – el Parlamento – dando al primero más libertad para la puesta en marcha de nuevas medidas contra los trabajadores. Pero si el fortalecimiento del poder ejecutivo es sin duda uno de los objetivos del Capital no es menos cierto que para detener la acción de los gobiernos contra la clase obrera nunca han resultado y nunca servirán las escaramuzas entre los partidos en el parlamento, sino sólo la lucha de clases, es decir, un movimiento de huelga lo más amplia y duradera posible.
Este es el verdadero problema, la verdadera tarea de la clase obrera: reforzarse con una organización sindical de clase capaz de desplegar una lucha en la defensa de sus condiciones.
Ciertamente, en el pasado el Parlamento ha promulgado leyes para proteger a los trabajadores. Pero cuando esto sucedió fue en virtud de una fuerza proletaria desplegada primeramente en el campo social con la lucha y solo después sancionada por la ley. Las conquistas pasadas la clase obrera las ha obtenido con batallas que costaron despidos, la cárcel y la vida: fueron más de 150 los huelguistas asesinados por la policía en pleno régimen democrático y teniendo en vigencia la “Constitución más bella del mundo”.
Y en la elaboración de leyes, incluso cuando iban a mejorar las condiciones de los trabajadores, los gobiernos y los parlamentos siempre han visto con buenos ojos conceder lo menos posible y en especial para incluir elementos que debilitan la lucha de clases. El reconocimiento por la ley de los llamados “derechos sindicales en la empresa”, por ejemplo, establecido por el Estatuto de los Trabajadores (mayo de 1970), con el cual, según sus promotores, “la Constitución ha entrado en la fábrica”, mientras que por un lado tuvo que reconocer alguna protección a los trabajadores – como la de despido individual (art. 18) – por el otro ha servido para corromper la acción de clase, para encerrarla dentro de los muros de la empresa, para someter al movimiento obrero a la que luego, más tarde, fue llamada concertación. No fue por casualidad que esta ley fue promovida y votada por la DC y el PSI (además de PSDI, PRI y PLI), y que el PCI – que no votó y se abstuvo – más tarde pasó a prenderle incienso con los mismos argumentos.
Fue la acción corruptora de los partidos reformistas (el PCI y el PSI) para romper la fuerza del movimiento obrero, teniendo éxito donde la violencia estatal había fracasado, derrotando a la tradición sindical de clase dentro CGIL y concediendo al régimen capitalista estas décadas de paz social, en las que ha podido poner a un lado temporalmente su congénita violencia anti-proletaria, pudiendo infligir continuas derrotas a los trabajadores con el método de la concertación.
A la luz del avance inexorable de la crisis económica mundial del capitalismo, sin embargo, los regímenes burgueses de todos los países – sin importar el color de la pintura con la que se cubren – no se mantienen, pero retrasan el colapso de este modo de producción moribundo, aumentan la explotación de la clase obrera. Los ataques contra los trabajadores se vuelven cada vez más duros. Las reglas del juego de la concertación están recalibradas hasta hacerla parecer lo que siempre ha sido: colaboracionismo de clase.
Lo mismo sucede con la democracia que gradualmente deja entrever cada vez más claramente la verdadera cara de este régimen, la dictadura del capital, de la cual es solo la máscara.
En el plano internacional madura una nueva guerra mundial, única solución general del capitalismo a su crisis, como ya lo fue para la primera y para la segunda.
Este régimen está en contra de la clase obrera, lo ha estado y siempre lo estará, prescindiendo de su Constitución y de su sistema electoral. El poder político no está en el Parlamento, pero sí en la propiedad, industrial y de la tierra, y de las finanzas, es decir, de la burguesía nacional e internacional. Parlamentos y gobiernos son marionetas al servicio de la clase dominante. Los partidos que señalan a una u otra de estas marionetas como el único enemigo de los trabajadores hacen el servicio de salvar a los verdaderos patronos. La “soberanía popular” es una gran mentira con la cual la clase capitalista oculta su dominio, con la ventaja de la descarga de la responsabilidad de sus gobiernos en aquellos a los que han elegido con el voto. Es evidente que las elecciones son fácilmente conducidas por la burguesía, con su dominio político y económico, a través de los medios de comunicación y las muchas palancas corruptoras e intimidadoras, condicionando las decisiones del electorado, a otro compuesto también por miembros de las clases que viven mucho mejor cuanto más explotados son los trabajadores. Con el voto es imposible dar el poder a un partido que defienda los intereses de la clase obrera.
Por esta razón luchar en un frente interclasista de fuerzas y de reivindicaciones por “la caída del gobierno” como objetivo en sí mismo es engañoso y peligroso. Había y hay que luchar contra la reforma de las pensiones, del mercado de trabajo, contra las leyes anti-huelga, por una ley para la reducción generalizada de la jornada de trabajo. En esta lucha puede ser que un gobierno caiga, pero nunca debe convertirse en un objetivo en sí mismo, porque de esa manera se daría lugar a creer que en el capitalismo pueda existir un gobierno amigo de los trabajadores. Se ha visto, por hacer el ejemplo más reciente, como la caída del último gobierno de Berlusconi, sostenido durante veinte años por la izquierda, reformista, moderada o radical, como el principal enemigo de los trabajadores, ha allanado el camino para la entrada del gobierno de Monti, el actual, aún peor.
Todos los partidos, incluidos los sedicentemente obreros y revolucionarios, que apoyan al frente del NO a la reforma constitucional, aspiran a una entrada en el parlamento y el sueño imposible de los “gobiernos obreros” en el marco de este régimen político. Están destinados a ver fracasar sus proyectos y, sobre todo, a hacer caer a los trabajadores en nuevas amargas derrotas.
Estas ilusiones deben ser combatidas y derrotadas: la clase obrera debe luchar en lo inmediato sólo por sus objetivos sindicales y en el plano de las actuales instituciones no tiene nada que defender y sólo deben luchar para abatirlas, para la conquista revolucionaria del poder político, por el establecimiento de las instituciones de su dictadura de clase, única vía para la destrucción del capitalismo y por el comunismo: una sociedad libre, sin clases, sin Constituciones y sin Estado.
(“Rassegna Comunista”, n. 2, 15 de abril de 1921)
Vida de partido
Reunion regional
Venezuela, 3 de diciembre 2016
Se cumplió la reunión regional del partido en Venezuela, realizada en Valencia, capital del estado Carabobo, con la asistencia de la casi totalidad de la militancia. La reunión, como es nuestra característica, se cumplió apartada del método democrático tan practicado por todos los oportunistas y contrarrevolucionarios.
“Gobernar obedeciendo”, dicen los oportunistas que controlan el gobierno burgués en Venezuela. “Acatar las resoluciones de Asambleas y Congresos” dicen los oportunistas en relación con la vida interna de partidos y movimientos políticos, en los que por la vía estatutaria al “centro” se le da libertad para asumir cualquier curso, aunque esto signifique traicionar los principios y hundirse en el lodazal de tácticas que apartan al proletariado de su norte histórico y lo ponen a formar filas con la burguesía.
Los comunistas revolucionarios practicamos el centralismo orgánico. El centro del partido ejerce la labor de dirección y sus órdenes y directrices son ejecutadas por toda la militancia disciplinadamente; pero ni un Congreso o Asamblea, ni una resolución resultante de una “reunión de análisis de la situación actual”, con el anuncio de nuevos cursos o revisiones teóricas, están permitidas. No hay disciplina por la disciplina. No está permitido al centro establecer cursos no previstos en el desarrollo histórico del partido comunista. El curso a seguir ya está previsto. No hay resoluciones que votar, ni medición del quórum de las reuniones, ni estatutos a los que apelar. No practicamos tampoco la tesis oportunista de la “lucha de clases dentro del partido” que conduce a la justificación de la coexistencia de fracciones dentro del órgano revolucionario.
Todos los que llaman a la “creación de una teoría revolucionaria”, a “adaptar el marxismo a las nuevas condiciones históricas y sociales”, etc., todos pertenecen a la charca del oportunismo. Pero estos oportunistas que se enorgullecen de sus “innovaciones” no hacen otra cosa que repetir las viejas tesis de los enemigos del marxismo y de la revolución proletaria.
Puntos tratados en esta
reunión:
1. - Lectura de texto “Partido
y clase”
2. - Curso de la economía capitalista
3. - Situación del movimiento
obrero en Venezuela y América Latina
4. - Informe sobre acuerdo de
paz en Colombia
5. - Informe del trabajo del
partido en las secciones
6. - Organización, propaganda
y finanzas.
1. LECTURA DE TEXTO “PARTIDO Y CLASE”
Se Se dio lectura al texto “PARTIDO Y CLASE” (“Rassegna Comunista”, n. 2, 15 de abril de 1921). De esta lectura destacamos lo siguiente:
«… En las filas del partido de clase no puede estar comprendida más que una parte de la clase misma – nunca toda – quizá nunca ni siquiera la mayoría».
«… No se debería ni siquiera hablar de clase cuando no exista una minoría de esta clase dispuesta a organizarse en partido político».
«… Cuando discernimos una tendencia social, un movimiento con finalidades dadas, entonces podemos reconocer la existencia de una clase en el verdadero sentido de la palabra. Y entonces existe, de modo sustancial aunque no todavía formal, el partido de clase».
«Un partido vive cuando viven una doctrina y un método de acción. Un partido es una escuela de pensamiento político y por tanto una organización de lucha. Lo primero es un hecho de conciencia, lo segundo es un hecho de voluntad, más exactamente de tendencia a una finalidad».
«… Comprendiendo a una parte de la clase, es precisamente solo el partido el que le da unidad de acción y de movimiento, porque agrupa a aquellos elementos que, superando los límites de categoría y localidad, sienten y representan a la clase».
«La clase presupone el partido – porque para estar y moverse en la historia la clase tiene que tener una doctrina crítica de la historia y una finalidad a conseguir en la misma».
«La única y verdadera concepción revolucionaria de la acción de clase consiste en la delegación de la dirección de la misma al partido…».
«… La burguesía percibe que, mientras se pueda tener al proletariado en el terreno de las exigencias inmediatas y económicas que le afectan categoría por categoría, se hace una labor conservadora evitando la formación de esa peligrosa conciencia “política”, la única revolucionaria, porque va dirigida al punto vulnerable del adversario: la posesión del poder».
«La revolución exige una organización de fuerzas activas y positivas, unidas por una doctrina y una finalidad. Estratos importantes e innumerables individuos que pertenecen materialmente a la clase, en cuyo interés la revolución triunfará, están fuera de esta unión. Pero la clase vive, lucha, avanza y vence, merced a la obra de aquellas fuerzas que ella ha hecho emerger de su seno en las vicisitudes de la historia. La clase parte de una homogeneidad inmediata de condiciones económicas que aparece como el primer motor del empuje para superar y quebrantar el actual sistema productivo, pero para asumir esta parte grandiosa ella debe tener un pensamiento suyo, un método crítico suyo, una voluntad suya, que apunte a las realizaciones que la investigación y la crítica han señalado, una organización suya de combate que canalice y utilice con el mejor rendimiento los esfuerzos y sacrificios. Y todo esto es el partido».
2. CURSO DE LA ECONOMIA CAPITALISTA
Dentro de las situaciones que destacan en la economía mundial presentamos las siguientes:
El problema central que está detrás de todas estas manifestaciones de la crisis de la economía mundial es la tendencia a la caída de la Tasa Media de Ganancias. Cada vez se requiere una mayor inversión en capital fijo (que desplaza mano de obra para lograr más eficiencia). Mientras más sube, como tendencia, la composición orgánica del Capital (Capital invertido en medios de producción en relación a la parte invertida en la fuerza de trabajo), más disminuye la tasa media de ganancias. La tasa media de ganancias cae porque la composición orgánica del Capital crece. Solo el trabajo (y no los medios de producción) crea valor y por tanto plusvalía. Los medios de producción no crean valor pero incrementan la productividad del trabajo, o sea aumentan la cantidad de mercancías producidas por unidad de Capital utilizado para su producción. Como tendencia, los capitalistas sustituyen trabajo con medios de producción, no solo para ahorrar en los salarios, sino también porque los nuevos medios de producción tienen que ser más eficientes. Visto que solo el trabajo crea valor, un creciente porcentaje de medios de producción siempre más eficientes conduce a una creciente cantidad de mercancías que contienen una decreciente cantidad de valor y plusvalía. Esta es la médula de la crisis capitalista.
No hay indicios de soluciones capitalistas de corto plazo. Por otro lado toda solución capitalista pasa por depositar sobre los trabajadores el peso de la crisis y a la agudización de las contradicciones interimperialistas por el control de mercados, rutas de abastecimiento y materias primas.
Lo que se estima es el endurecimiento de medidas gubernamentales orientadas a reducir el gasto corriente de los diferentes gobiernos, a mantener un decrecimiento de los salarios reales (aunque puntualmente se puedan ejecutar aumentos del salario nominal), a la incorporación de una mayor porción de los asalariados al pago de impuestos, a la devaluación de las monedas frente al dólar, a la facilitación y reducción de costos de los despidos. También es de esperar la implementación de aumentos en tarifas de servicios públicos.
Dado que en términos generales se mantiene en la región un rezago tecnológico y que en muchas de estas economías en crisis, con monedas devaluadas frente al dólar y con una caída de la Inversión Extranjera Directa (IED), se encarecerán las inversiones en nuevas tecnologías, es de esperar que la explotación capitalista se enfoque más en la obtención de plusvalía absoluta que en la plusvalía relativa. Es decir que es de esperar que los empresarios capitalistas pongan mayor énfasis en el empleo de mayor número de horas de trabajo por trabajador a través de sobretiempos y horas extras o de deducciones de plantilla.
Es de esperar un avance en la concentración del capital y la quiebra de pequeños y medianos capitales en todas las actividades económicas.
En Venezuela el gobierno burgués viene implementando, de la mano del empresariado, un paquete económico anticrisis tratando de preservar entre las masas asalariadas la ilusión de contar con algunas de las migajas que se le han venido entregando para maquillar la explotación capitalista. Este paquete económico se centrará en la implantación de un tipo de cambio atractivo para el empresariado nacional y trasnacional (que atraiga divisas desde el exterior y que estimule exportaciones) y significa en la práctica una devaluación lineal de la moneda; la eliminación de subsidios que representan un gran peso financiero a la industria petrolera (PDVSA), dentro de los que destaca el de la gasolina, cuyo precio se estima que volverá a ser aumentado; la implementación de diferentes impuestos que van a ser cancelados por las masas asalariadas para financiar el gasto corriente del Estado. Así mismo el gobierno burgués venezolano apoyándose en un Consejo Nacional de Economía, donde realiza concertación de acciones con el empresariado, viene implementando un desmontaje gradual de los subsidios aplicados a alimentos y productos de primera necesidad. Las diferentes medidas anticrisis necesariamente involucrarán a los trabajadores tanto por su impacto en el salario real como por que necesariamente se presentarán medidas complementarias, que están asociadas a la flexibilización laboral.
El gobierno burgués venezolano ha venido decretando aumentos salariales con la finalidad de proteger el nivel de consumo de mercancías requerido por el empresariado capitalista. Aunque el gobierno declara que su preocupación son los trabajadores, lo que realmente persigue con los aumentos salariales es garantizarle a los capitalistas la colocación de sus mercancías y la protección de sus ganancias. Sin embargo estos aumentos nominales del salario no detendrán la tendencia a la caída del salario real.
Sobre la base de una propaganda orientada a impulsar una matriz de opinión que indica que la crisis es el resultado de una “guerra económica” el gobierno venezolano ha implementado un Estado de Excepción a través de un Decreto de Emergencia Económica cuyo tiempo de duración ha venido renovando. Este Estado de Excepción, que en las declaraciones politiqueras va dirigido contra los capitalistas para proteger a los trabajadores, realmente está orientado hacia la contención de la lucha de clase, como prevención para afrontar el conjunto de medidas antiobreras en curso. En este marco también el gobierno toma acciones para intervenir en la distribución de productos escasos a través de lo que ha denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). A través de los CLAP el gobierno ha venido entregando a parte de la población mercancías escasas a precios subsidiados; sin embargo se ha observado cómo han venido incrementando los precios de alimentos y otros productos que circulan por este canal e incorporado productos importados de Colombia y Brasil a precios sin subsidio, con lo que el gobierno ha creado las condiciones para pasar a una liberación de los precios de estas mercancías.
El proceso natural de crecimiento de la inflación en la economía capitalista venezolana se ha visto acelerado por la especulación en el mercado de divisas, promovido por páginas web que publican un tipo de cambio artificial entre el bolívar y el dólar que se ha instalado como una referencia para el comercio de todo tipo de mercancías y servicios. Esto ha impuesto una macrodevaluación del bolívar frente al dólar que han terminado pagando los trabajadores por su impacto en la capacidad de compra de sus salarios. En esta acción especulativa sobre la moneda venezolana participa el empresariado colombiano, con un tipo de cambio en Cúcuta que favorece todo este proceso especulativo. El gobierno venezolano tiene previsto incorporar nuevos billetes de alta denominación en respuesta a la devaluación acelerada del bolívar. Aunque el gobierno venezolano ha tomado algunas medidas para hacer bajar el dólar especulativo paralelo las condiciones de la economía están dadas para que el valor especulativo del dólar vuelva a crecer debido a la escases efectiva de esta moneda en el mercado.
El gobierno venezolano sigue avanzando en la apertura al capital trasnacional en la explotación minera. La minería es vista por el gobierno venezolano como una de las fuentes más inmediatas con las que Venezuela puede equilibrar sus ingresos. Destacan los acuerdos y decretos en el área de la exploración y explotación del Arco del Orinoco, para la extracción de Oro, Coltán y otros minerales.
El desarrollo de “Zonas Económicas Especiales” también apunta a atraer capitales extranjeros. La captación de inversión extranjera para estas zonas todavía no se activa de manera significativa por el contrapeso que representa la caída del precio del petróleo.
3. ACTIVIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO EN AMERICA LATINA
Argentina
El cierre de empresas y los despidos en el sector privado y el sector público han copado buena parte de las luchas de los trabajadores. La agitación y los conflictos de los trabajadores se han enfocado principalmente en el rechazo a los despidos.
El gobierno argentino anunció un nuevo aumento de tarifas de servicios (principalmente electricidad), flexibilización laboral, aumento de salarios por productividad, aumento de la edad jubilatoria, entre otras medidas.
Ante esta situación y la caída del salario real de los trabajadores las centrales sindicales no han pasado de hacer algunas amenazas en los medios de comunicación, pero manteniendo la desmovilización de los asalariados.
Uruguay
El sindicato de trabajadores del gas planteó un conflicto a las empresas transportistas del sector exigiendo varias reivindicaciones, dentro de las que se contempla el desayuno para todos los trabajadores. Los patronos se niegan a aceptar las exigencias sindicales porque consideran que equivalen a un aumento encubierto del salario de 46,5%.
La Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) mantuvo 37 días de conflicto. El conflicto comenzó el 27 de septiembre, como consecuencia del fracaso hasta ese momento de las conversaciones para renovar el convenio colectivo, que venció el 31 de diciembre de 2015. Los trabajadores decidieron no realizar horas extras, no enviar encomiendas al exterior y tampoco aceptar cartas certificadas.
El sindicato llegó a un acuerdo que entre otros aspectos contempla que la semana laboral de los trabajadores, que en algunos casos llegaba a las 48 horas, se reducirá a 40 y el correo estatal ya no trabajará los fines de semana. En principio, el acuerdo tendrá una vigencia de 2 años.
El prolongado conflicto del sindicato con la dirección de la empresa postal llevó a que se acumularan más de 10 toneladas de paquetes y encomiendas sin distribuir.
Dos conflictos sindicales, uno de los cuales afecta al sector de Transporte de Carga de granos y el otro a los trabajadores portuarios, en reclamo de condiciones de seguridad, afectaron las operaciones en terminales de carga y puertos como Montevideo.
El Sindicato Unico Portuario Ramas y Afines (Supra) realizó un paro en noviembre en el puerto de Montevideo en reclamo condiciones de seguridad y la aplicación de un decreto que asegura 13 jornales para los trabajadores de la estiva. Los trabajadores responsabilizaron a tres empresas que proporcionan mano de obra a operadores de carga y descarga de los barcos y también a Montecom, que moviliza la mitad del total de contenedores y que opera en las áreas públicas del puerto de Montevideo.
Uno de los temas conflictivos tuvo que ver con la falta de equipos de seguridad y otro fue el de la categorización que implica un aumento de sueldo en la categoría de estibadores que no se había hecho. El otro punto tenía que ver con los jornales de los trabajadores. El sindicato planteó que existe un decreto del Poder Ejecutivo para el trabajo en contenedores que dice que deben asegurarse 13 jornales. Las empresas del sector no les aseguran estos jornales, ni a los que trabajan en la plantilla ni a los tercerizados.
El paro se ejecutó sin previo aviso. El sindicato retomó las negociaciones con los patronos.
Brasil
Ocho centrales sindicales de Brasil convocaron el viernes 11 de noviembre a una huelga general en rechazo a las medidas anunciadas por el gobierno interino de Michel Temer para desmontar conquistas laborales de los trabajadores.
En la capital de ese país se vio afectado el servicio de transporte público y varias carreteras fueron bloqueadas.
La Central Única de Trabajadoras (CUT), la Central General de los Trabajadores de Brasil (CGTB) y la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB) figuran en la lista de organizaciones que promueven el paro nacional contra las políticas del actual gobierno brasileño.
Estos sindicatos del régimen, como siempre, mezclan las reivindicaciones de los asalariados con otras exigencias que no tienen que ver con la problemática de los asalariados y que solo apuntan al desarrollo de política burguesa y al planteamiento reaccionario de la defensa de la patria y de la economía nacional, detrás del cual se escudan los capitalistas para defender sus cuotas de mercado y las ganancias derivadas de la explotación del trabajo asalariado. Es por eso que la CUT y otra centrales sindicales plantean enfrentar la pretensión del gobierno de disminuir los salarios, pero mezclan este rechazo con el llamado a los trabajadores a movilizarse “contra la privatización de empresas y servicios”, “contra la entrega de las riquezas del país a las multinacionales” y “contra la disminución drástica de las inversiones en áreas públicas como la educación y salud”. Así mismo está presente el uso del movimiento obrero como peón en el enfrentamiento entre los partidos que se disputan el control del gobierno en Brasil.
Chile
El conflicto de los trabajadores estatales por un reajuste salarial se prologó por más de 3 semanas entre finales de octubre y principios de noviembre. El paro y las movilizaciones del sector causaron el bloqueo al comercio exterior boliviano, que utiliza puertos chilenos para sus exportaciones e importaciones. Los trabajadores terminaron aceptando la propuesta inicial del gobierno de un aumento salarial de 3,2%.
Venezuela
En términos generales se ha observado que en muchas empresas públicas y privadas se están discutiendo los nuevos contratos colectivos y en algunos casos ya los contratos se firmaron. Considerando las perspectivas de incremento de la inflación en el 2017, la mayoría de los patronos están interesados en llegar a acuerdos con los sindicatos y firmar contractos colectivos antes de que cierre el año 2016. La expectativa de los patronos es que es muy probable que los montos que se establezcan en los salarios queden luego ampliamente diluidos por la inflación en el 2017 y al final resulten en una reducción de sus costos de operación. Para facilitar este proceso el gobierno burgués quitó temporalmente la exigencia de que los patronos solo se reunían a discutir contrato colectivo con representantes sindicales que hubieran cumplido con la realización de sus elecciones internas. Esta medida del gobierno ha permitido que los patronos en muchas empresas privadas e instituciones públicas hayan avanzado en la discusión y aprobación de contratos colectivos.
También se ha venido observando varios casos en los que, en el transcurso de las negociaciones entre sindicatos y patronos, se han acordado mejoras de salarios y beneficios con la condición de acordar reducciones de plantilla. Este tipo de acuerdos, solo posibles gracias a la traición de los directivos sindicales. Varias empresas también han reducido su plantilla de trabajadores ofreciendo a los trabajadores atractivos paquetes económicos para su salida de la empresa.
En relación con los trabajadores de PDVSA, las elecciones sindicales que estaban previstas para el 22 de septiembre fueron suspendidas y posiblemente, si se realizan, pasen a efectuarse en el 2017 o el 2018 después del hipotético referéndum presidencial, así como elecciones de gobernadores y alcaldes. Este aplazamiento de las elecciones sindicales responde a la necesidad de la fracción del PSUV dentro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), representada por Will Rangel, de ganar tiempo para recuperar el apoyo perdido de la mayoría de los trabajadores petroleros. Pero también este aplazamiento de las elecciones contó con la complicidad de la corriente adversaria más importante, la de los trotkistas de José Bodas. Lamentablemente los diferentes grupos obreros de base terminaron nucleándose en torno a las diferentes opciones electorales sin discutir un programa orientado a reanudar la lucha de clase de los trabajadores.
Se realizaron 2 asambleas de trabajadores tribunalicios en Valencia (estado Carabobo), en las que participaron jubilados y activos. En Mérida un núcleo de trabajadores se sumó a esta iniciativa y realizó 1 asamblea. En Aragua y en Cojedes los núcleos de trabajadores que estuvieron de acuerdo con la idea no lograron realizar asambleas. Se realizó una tercera asamblea en Valencia.
Las asambleas realizadas entre los trabajadores tribunalicios, pese a las restricciones que impone el patrón-Estado han sido una respuesta al silencio mantenido por los tres (3) sindicatos que hacen vida entre los trabajadores tribunalicios (SUNEP JUDICATURA, SUONTRAT y SINTRAT), ante la situación del salario y de las condiciones y medio ambiente de trabajo. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), órgano representante del patrón-Estado, aceptó reconocer a estos tres sindicatos (todos sindicatos del régimen) para iniciar la discusión del contrato colectivo pese a que todavía no han realizado elecciones para actualizar sus juntas directivas. Estos sindicatos no han realizado asambleas ni han informado a los trabajadores sobre el proyecto de contrato presentado (si se presentó alguno) y sobre la marcha de la discusión con el patrón. Las asambleas fueron convocadas por la Seccional de Carabobo (Valencia) de los Jubilados de Suontrat. En estas asambleas los trabajadores exigieron: 1) Información sobre el contenido del proyecto de contrato presentado por los sindicatos al patrón, 2) que cualquiera que sea el acuerdo que se proponga sobre incremento de salarios, se incorpore una cláusula sobre compensación o ajuste por concepto de inflación y 3) seguir realizando asambleas y enviar comunicaciones con las exigencias a las directivas de los 3 sindicatos.
La Convención Colectiva de los trabajadores de las empresas del sector aluminio (Alcasa, Bauxilum, Venalum, entre otras), adscritas a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) venció en el 2015 y los sindicatos acordaron una bonificación de 2.000.000 de bolívares por trabajador para “compensar” el incumplimiento del contrato colectivo. La mejora salarial y de la cesta ticket dependerá de la aprobación de la nueva convención colectiva por el Presidente Maduro.
Luego de 5 años de vencimiento del contrato colectivo la Federación que agrupa a los trabajadores del sector eléctrico o Corpoelec (Fetraelec) llegó a un acuerdo con el Patrón-Estado con un salario entre 1.500 y 1.800 bolívares diarios. El sindicato y el patrón trataron de igualar los salarios entre trabajadores que trabajan por turnos rotativos y los que laboran en turno fijo; lo cual trajo como consecuencia que prácticamente congelaran los salarios de los trabajadores de turnos rotativos o incluso se los rebajaran para igualarlos con los de turno fijo. Patronos y sindicato acordaron un Cesta Ticket basada en el mínimo nacional. Así mismo acordaron el pago a los trabajadores de una bonificación, cuyo monto se desconoce, por concepto del retraso de 5 años en la renovación del contrato colectivo. La traición de FETRAELEC se dio en el marco de la lucha de fracciones internas por el control del sindicato; pero todas estas fracciones practican un sindicalismo patronal. Los trabajadores no cuentan con una organización de base para enfrentar de manera clasista los retrasos en la renovación de los contratos colectivos y para exigir en vez de pago de bonos, que se les cancele el retroactivo del contrato no cumplido en el tiempo, con efecto retroactivo en sus prestaciones sociales.
En el Grupo Corimón, de la rama de pinturas, que abarca a las empresas Venezolana de Pinturas (VP), Sherwin Williams y Montana, se impuso la lógica capitalista a través de la alianza entre patronos y sindicato. El patrón propuso mejorar “sustancialmente” los salarios a cambio de que los sindicatos aceptaran el despido de por lo menos el 50% de los trabajadores. Los sindicatos vendieron a los trabajadores y le pusieron precio a la cabeza de los obreros, que se retiraron con la aceptación de un “bono especial” de 10.000.000 de bolívares. Un gran número de trabajadores se retiró y la empresa disminuyó sus pasivos laborales. A cambio de esto se firmó el contrato colectivo por un salario de 4.000 bolívares al vencimiento en septiembre 2016, cono aumentos sucesivos del 40% trimestrales o cuatrimestrales y con una Cesta Ticket que supera los 100.000 bolívares; todo esto a cambio de las miserias del 50% de los compañeros despedidos por el patrono y los sindicatos. En líneas generales un “gran contrato” y una gran traición a los que se fueron y los que se quedaron trabajando.
La coalición de trabajadores de TRAYLOG, empresa que presta servicios de transporte y logística a la Nestlé, tomó el mismo camino que el de los sindicatos de Corimón. La coalición sindical de Traylog vendió a los trabajadores por un “bono especial” de 1.700.000 bolívares por trabajador más el monto correspondiente por concepto de antigüedad de cada trabajador que se retiró de la empresa; a cambio de un contrato colectivo que significó un aumento salarial de un 210%, más una cesta ticket de 71.000 bolívares; ambos conceptos con revisión cuatrimestral, según el índice de inflación. También se creó el Fondo de Ahorro y Préstamo y se acordó con el patrón que en caso que el salario mínimo nacional alcance el monto del salario establecido en el contrato colectivo, la empresa ajustará el salario y la cesta ticket para colocarlos 13% por encima del mínimo nacional. El contrato se firmó por una duración de 2 años.
En el caso de Tripoliven el patrón llegó a un acuerdo “amistoso” con el sindicato donde los trabajadores obtuvieron un aumento de 150% del salario más aumentos posteriores cuatrimestrales de 25%, más una cesta ticket de 87.000 bolívares al primer año y 140.000 bolívares al segundo año. El contrato colectivo se firmó por una duración de 30 meses. Este convenio se firmó sin ningún contratiempo para el patrón y garantizando siempre la producción por parte del sindicato. Acordaron que el salario y la cesta ticket se deben mantener 15% del mínimo nacional.
En la empresa Agropatria, empresa del Estado que comercializa insumos, equipos y maquinarias para el sector agropecuario, los sindicatos de base no participan en la discusión de beneficios y reivindicaciones. La discusión del contrato colectivo la lleva en sindicato nacional con la casa matriz, ubicada en Cagua, estado Aragua. El acuerdo alcanzado entre el patrón y el sindicato contempla un salario básico de 3.900 bolívares diarios (117.000 bolívares mensuales), una cesta ticket de 130.000 bolívares mensuales. En este contrato tuvo mucha influencia la politiquería del gobierno que necesitaba lavar su cara, pese a que su situación financiera estaba complicada.
En Produven (productos halogenados) comenzó la discusión del contrato colectivo en septiembre 2016 y se paralizó de mutuo acuerdo entre el patrón y el sindicato hasta el mes de febrero de 2017, a cambio de una bonificación de 20.000 bolívares. Este sindicato viene de firmar 3 prórrogas de 6 meses cada una, es decir que su contrato tiene 18 meses de vencimiento.
En el Terminal Marítimo Vopak el sindicato llegó a un acuerdo de firma del contrato colectivo con el patrón sin ninguna acción de movilización de los trabajadores, como en la gran mayoría de los casos.
En la empresa Ferralca (productora de Sulfato de Aluminio para la potabilización del agua) el sindicato lideró una lucha por la firma de un nuevo contrato colectivo, contemplando acciones como marchas dentro de la empresa, una gran asamblea a puerta de fábrica y disminución de la producción. Los trabajadores con el sindicato lograron un aumento salarial de 190%, con aumentos cuatrimestrales del 25%, cesta ticket de 85.000 bolívares a la firma y aumento de 25,5% semestral y con garantía de mantener el salario y la cesta ticket 15% por encima del mínimo nacional establecido por el gobierno. Más allá de las conquistas económicas fue una victoria política de los trabajadores por su capacidad de mantenerse unidos frente al patrón y salir al paso a cada una de sus maniobras.
4. INFORME SOBRE ACUERDO
DE PAZ EN COLOMBIA
Se dio lectura a informe que ya fue publicado en la página web del partido.
La economía capitalista será la principal beneficiaria del acuerdo de paz. Si bien la situación de los bajos precios del petróleo disminuye la presión sobre el avance de este pacto en el corto plazo, en el mediano y largo plazo la rentabilidad del negocio petrolero y la adecuación del negocio de la droga a la nueva situación, obligarán a concretar esta desactivación de la confrontación militar para permitir el crecimiento de la actividad económica y las operaciones de producción, logística y comercialización de mercancías y servicios. El triunfo del NO por lo pronto no es un freno a este proceso en cuanto a sus perspectivas a mediano y largo plazo.
Ni el reformismo guerrillerista ni el oportunismo parlamentario y democrático burgués han sido ni serán alternativas para el proletariado en su camino histórico hacia la conquista del comunismo. El proletariado colombiano no deberá tomar partido por ninguno de los frentes burgueses y pequeñoburgueses que disputan el control del gobierno y el Estado, entre los cuales hay que contar a los frentes guerrilleros de las FARC-EP y el ELN.
5. - INFORME DEL TRABAJO DEL PARTIDO
La sección de Caracas se ha venido reuniendo semanalmente. De la sección de Valencia se planteó reuniones por separado dos barrios.
En las reuniones han venido participando además algunos contactos que se sienten atraídos por nuestras posiciones políticas.
Se debe plantear a los compañeros que se han venido acercando a nuestras posiciones que consideren su adhesión a nuestro partido y se debe promover su asistencia a las reuniones de las secciones.
En el partido comunista la adhesión es voluntaria e individual. Quien se incorpora al partido comunista asume todas sus tesis, incluidas las que desconoce, y se suma a la unión de conciencia y voluntad en la lucha revolucionaria.
Hasta ahora se ha logrado publicar la prensa dentro de los tiempos indicados por el Centro del Partido. Ya está en preparación el contenido de “EL PARTIDO COMUNISTA” Nro 8, incorporando algunos artículos que ya se han publicado en la página web.
Se pasó revista a las finanzas. Los asistentes hicieron sus aportes.
Se programaron las reuniones regionales que se realizarán en Venezuela en el 2017.
